Sesión 1, Tema 1; Yolanda.

Las leyes educativas en España a lo largo de las últimas décadas han sido numerosas y, la mayor parte de ellas han estado directamente relacionadas con quién estaba a los mandos del gobierno en el momento de entrada en vigor de la ley. Desde 1970 han existido en total nueve leyes de educación diferentes de las cuales ninguna ha superado los diez años en vigor y esto, bajo mi punto de vista, solo provoca efectos negativos en nuestra educación. 

Evidentemente todas las leyes han aportado cosas positivas y necesarias a la educación del momento y resulta evidente que, eventualmente, las leyes tendrán que cambiar para adaptarse al nuevo mundo en el que vivimos que nada tiene que ver con el de los años 2000, al igual que este nada tenía que ver con la década de los 80, pero, ¿es realmente beneficioso tener leyes que solo ha estado en vigor un total de cuatro años, como fue el caso de la LOCE?

En 1970 entra en vigor la última ley de educación durante el franquismo y establece la obligatoriedad y, muy importante, la gratuidad de la educación hasta los 14 años, edad que se aumentará en las próximas leyes hasta los 16 y que se mantiene hasta el día de hoy. Esta ley de la que hablamos, Ley General de Educación es la más duradera de todas las que ha habido y, aunque en 1980 entró en vigor la nueva ley y la primera en democracia, esta nunca llegó a aplicarse por diferentes cuestiones como fueron el recurso del PSOE y el golpe de Estado de 1981, por lo que la LGE se aplicó hasta 1985, cuando entró en vigor la LODE, que a día de hoy sigue en vigor con cambios. 

A día de hoy, han pasado cuatro años desde la entrada en vigor de la polémica LOMLOE y es una incógnita saber cuánto durará finalmente. Si nos ponemos a pensar en los diferentes efectos negativos que acarrea el estar cambiando continuamente de ley educativa nos encontramos dos puntos de vista diferentes: el del alumnado y el del profesorado. Como bien analizamos en clase, a lo largo de estos años se han estado educando generaciones, quizá excesivamente, pequeñas bajo cada ley; y no solo eso, muchos alumnos se han visto afectados por un cambio de ley en medio de su ciclo escolar, cuando esto, en mi opinión, debería ser la experiencia de una minoría y no de una amplia mayoría. Además de todo esto, se supone que las leyes de educación se crean con el fin de cumplir una serie de objetivos, pues en este caso es prácticamente imposible saber si se han cumplido o no estos objetivos, puesto que leyes de tan pocos años es imposible que den resultados que sean 100% fiables y no quizás un espejismo de lo que podrían haber sido de haberse mantenido en vigor durante más tiempo.

El otro punto de vista es el de los profesores o, también, el de los futuros profesores. Los profesores tienen que adaptar sus clases continuamente por motivos de heterogeneidad en las aulas, y estoy segura de que eso lo hacen encantados para asegurarse de que todos sus alumnos reciben la educación que se merecen y a la que tienen derecho; pero una cosa muy diferente es tener que adaptarse cada cinco o seis años a nuevas normas y nuevas metodologías que no hacen más que complicar su tarea en vez de facilitarla como debería ser. Nunca olvidaré la frase que un profesor que empezaba a dar clase en una asignatura me dijo cuando llegó a clase el primer día: «Tardaré un par de años en ser capaz de dar bien esta asignatura». No me puedo imaginar lo que debe ser para un profesor que empieza a sentir que ya tiene el dominio de su contenido y de su trabajo que le cambien «las normas del juego» prácticamente nada más empezar. Esto también aplica a esos opositores que están luchando por una plaza de profesor y que en medio de esa lucha se encuentran con que mucho de lo que habían trabajado a lo largo de años, quizá, ya no es útil porque hay una nueva ley por la que regirse y no les queda otra que adaptarse y seguir adelante como puedan para lograr hacerse hueco en el gremio.

En definitiva, España es un país que se caracteriza por las innumerables leyes que hemos tenido en poco más de cincuenta años y en cómo los partidos responsables de derogar y crear leyes no son capaces de mirar por el bien común y ver que de todo se pueden sacar puntos tanto positivos como negativos y que a quien realmente están afectando con estos cambios es a la gente de a pie y, al futuro del país que gobiernan o que desean gobernar.